Por Juanita Vélez | Juan Esteban Lewin | Daniel Morelo · 17 de Noviembre de 2016

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De los 26 puntos del nuevo acuerdo entre el Gobierno y las Farc, seis puntos reflejan las preocupaciones de fondo del No, siete más muestran cambios menores frente a lo que pidieron y solo en cuatro se ignoraron sus solicitudes. En los otros nueve no pidieron nada importante.

La duda ahora es si los del No van a darle relevancia a esos puntos en los que la negociación sí retomó sus preocupaciones de fondo o a se van a pegar de las cuatro en los que no les pararon bolas y a decir que los “conejearon”.

Por ahora, todo indica que sería lo segundo. O por lo menos esa es la impresión que un líder uribista que pidió no ser citado le dijo a La Silla: “nos dieron contentillo con lo chiquito, pero no con lo sustancial”. Algo similar han trinado otros uribistas como María del Rosario Guerra, Carlos Felipe Mejía o la tuitera Claudia Bustamante, uno de los dos acompañantes del ex presidente Álvaro Uribe en su reunión con Juan Manuel Santos el sábado.

En todo caso, “lo sustancial” que ellos pedían iba al corazón de lo acordado. Por ejemplo, pedían no darle elegibilidad política a la guerrilla, pero como el objetivo de la negociación era que las Farc cambiaran las balas por las urnas, ese cambio anulaba las posibilidades de que se lograra esa meta.

Otras cosas que se ven al comparar punto por punto los dos acuerdos es que las iglesias cristianas lograron un cambio transversal al eliminar las expresiones que se refieren al enfoque de género, como contamos ayer; que Uribe logró poner su apellido en la mitad de los subpuntos; y las Farc siguen siendo las que más han cedido en la Mesa frente a las solicitudes maximalistas con las que arrancaron y que anunciaron como "propuestas mínimas".

Aquí están, punto por punto, lo que significan los cambios, lo que querían cambiar los del No en cada uno, que tanto los oyeron y quién cedió más ahora.

 

Política alimentaria


En este punto no hubo ningún cambio. Desde el acuerdo de Cartagena se acordó que el Gobierno buscará un aumento progresivo de la producción de alimentos para el consumo en el país, dando bienes públicos rurales (como acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua) y promoviendo formas asociativas de los campesinos.

Acceso a la tierra


El acuerdo de Cartagena creaba un Fondo de Tierras para "los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente", que sume las tierras a las que se le extinga el dominio, los baldíos, las que se saquen de la reserva forestal, las expropiadas por motivos de interés social o utilidad pública y tierras donadas. Además, subsidios y créditos especiales para comprar tierras.

De ahí cambian varias cosas. Primero, para que haya menos afán (y por lo tanto más tiempo para discutir cada proyecto concreto), el tiempo de duración del Fondo pasa de diez a doce años para la parte de entrega de tierras.

Segundo, el Gobierno se compromete ahora a presentar un proyecto de ley para "promover otras formas de acceso a la tierra", lo que le abriría una puerta a las Zidres. Tercero, se incluye un mecanismo nuevo para definir a los beneficiarios de las tierras, que se hará a través de un registro único de beneficiarios que manejará la "autoridad competente" con base en unos criterios de elegibilidad definidos, lo que le quita a las organizaciones sociales mucha injerencia en el tema.

Cuarto, central para algunas voces del No, es que se hace explícito que se respetará la propiedad privada, algo que solo estaba implícito en el acuerdo de septiembre.

Quinto, también para espantar uno de los miedos del No, se aclara cómo funcionarán dos de los mecanismos que alimentan el Fondo. "Los procedimientos de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación (extinción del dominio sobre tierras no cultivadas) se aplicarán de conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en las leyes vigentes."

Zonas de reserva campesina


En el acuerdo inicial las zonas de Reserva Campesina ganaban nueva vida, aunque se aclaraba que no tendrían autonomía como la de los territorios indígenas. Eso fue objeto de críticas porque en su mayoría coinciden con zonas de presencia de las Farc. Ahora se aclara que por sí mismo el Acuerdo no crea nuevas zonas, algo que no estaba implícito en el texto inicial pero que ayuda a espantar uno de los miedos del No.

Programas de desarrollo con enfoque territorial


Este punto, que retoma la lógica del Plan Nacional de Rehabilitación de Virgilio Barco para permitir una focalización de inversiones y recursos en las zonas más marginadas y más afectadas por el conflicto, no se modificó.

El nuevo acuerdo solo incluye una aclaración sobre los mecanismos de participación de esos planes, para aclarar que apuntan a que se "fortalezca la participación ciudadana en las decisiones que los afectan". También dicen que la idea es vigorizar la democracia local sin limitar las competencias de las instituciones de democracia representativa (alcaldes, gobernadores, Congreso, concejos y asambleas).

Formalización de tierras


Se acordó que habrá un plan de formalización masiva gratuita de tierras con problemas de títulos, con la participación de las comunidades. Lo que cambia con el Acuerdo es que se aclara que hay que proteger la propiedad privada y que el Gobierno va a crear un grupo de tres expertos en tierras que en máximo tres meses haga recomendaciones de reformas normativas y de política pública para regular el derecho a la propiedad, facilitar el acceso a la tierra y promover su uso productivo.

Otra cosa que cambia y que es clave es que el sistema catastral que crea el Acuerdo no va implicar un aumento del impuesto predial de forma automática.

Incentivos al agro


En ese punto cambia poco: sigue quedando claro que no habrá impuestos que desincentivan el latifundio, pero sí incentivos a las asociaciones campesinas, una figura cercana a los ideales de las Farc y que puede convertirse en su base política. Para eso, el Gobierno le dará apoyo técnico y financiero a su creación y apoyará la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento a través de ellas.

Desarrollo social en el campo


En el Acuerdo de septiembre se incluyeron varios compromisos del gobierno como buscar que haya más servicios de salud para las comunidades campesinas, erradica el analfabetismo en las áreas rurales o crear un plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural, y todo eso se mantiene. Pero hay cambios.

Uno, relativamente importante, es que ahora ese desarrollo tiene que implementarse siguiendo el nuevo principio del desarrollo integral del campo, que exige que el impulso a la agricultura familiar y campesina debe hacerse en balance con las "otras formas de producción existentes", que serían la agroindustria, la agricultura comercial de escala o el turismo. Curiosamente no hay referencia a la ganadería como una de esas formas de producción.

Un cambio menos central, aunque importante para la idea de que el Acuerdo busca superar el conflicto y reparar a los que sufrieron por él, es que ahora se incluye a las víctimas en los grupos priorizados para implementar este punto, lo que a la postre puede servir para contrarrestar el poder del nuevo partido de las Farc.

Estatuto de oposición


En este punto no cambió nada. El Estatuto se debatirá con los partidos políticos cuando se implemente el Acuerdo, y en esa discusión las Farc participarán como movimiento ya legal, de acuerdo a las reglas de juego de la democracia. Lo único que se dice ahora es que se hace explícito que el Estatuto se hará porque es un deber constitucional, lo que no cambia en nada ni su existencia ni la forma de elaborarlo.

Organismos de control


En este punto se mantuvo lo central: los movimientos sociales podrán formar parte de veedurías ciudadanas que controlen a los gobernantes y que participen en la elaboración y seguimiento a los planes de desarrollo local, integrando los consejos territoriales de planeación.

Pero se aclaró el punto sobre la protesta social, aclarando que el Acuerdo protege la protesta pacífica y no cualquier tipo de protesta, y que el Estado enfrentará los disturbios haciendo uso de sus atribuciones y buscando que se respeten los derechos de los terceros, sin violar los de los manifestantes. Eso último no es un cambio menor, porque el argumento del derecho de los terceros es el que se suele argumentar para limitar algunas formas de protesta, como en bloqueo de vías. Por eso, el cambio le pone unos límites a la protesta, haciéndolo más compatible con el nuevo Código de Policía.

Acceso a medios


Se mantiene el corazón de lo acordado: el Gobierno abrirá convocatorias para adjudicar radios comunitarias, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto; promoverá la capacitación técnica de quienes trabajen en los medios comunitarios; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales para divulgar los trabajos de las organizaciones y movimientos sociales; y financiará productos para esos medios, todo mediante concurso público y con mecanismos de veeduría ciudadana. Además, a que los movimientos sociales como el que quieren montar las Farc tengan la posibilidad de publicitar propuestas en “medios institucionales y regionales” y a crear un canal de televisión cerrada para que todos los partidos puedan hacer eso mismo.

El nuevo acuerdo aclara que la adjudicación de radios comunitarias y espacios de televisión deben responder al principio del pluralismo, lo que significa que esos espacios no terminarán solo en manos de las Farc o a sus organizaciones afines, que era uno de los temores del No.

Representación política


A cambio de dejar las armas, en el Acuerdo inicial las Farc reciben 5 curules en Senado y 5 en Cámara por ocho años desde 2018. En el nuevo acuerdo eso no cambia, a pesar de que es una de las líneas rojas del uribismo porque para ellos darles elegibilidad política es la mayor dosis de impunidad en el acuerdo.

Lo que sí hace el nuevo acuerdo es aclarar que para las circunscripciones especiales de paz los partidos que ya tienen representación en el Congreso o personería jurídica, incluído el movimiento político que surja de las Farc, no podrán inscribir candidatos, algo que ya se podía entender en el acuerdo de septiembre pero ahora queda explícito con lo cual es más difícil decir que las Farc tendrán 26 curules aseguradas.

Cese al fuego


No cambió nada en este nuevo Acuerdo. La idea sigue siendo que la guerrilla se concentre durante 180 días contados a partir de la refrendación del Acuerdo y que durante esa concentración se mantenga el cese al fuego bilateral que hoy está vigente hasta el 31 de diciembre.

Dejación de las armas


En el acuerdo inicial las Farc se comprometían a dejar las armas en los seis meses siguientes a la firma del Acuerdo Final, que es el tiempo que permanecerán en las zonas de concentración. Eso se mantiene igual.

Garantías de seguridad


En este punto se mantiene el corazón del acuerdo de septiembre: el Gobierno implementará medidas para combatir a los sucesores del paramilitarismo, para lo que creará una Comisión de Garantías de Seguridad encabezada por el Presidente, una Unidad Especial de investigación en la Fiscalía para desmantelarlas con una unidad especial de policía judicial propia, y un cuerpo élite de la Policía apoyando la lucha contra esas organizaciones, además de fortalecer la supervisión de la seguridad privada para evitar nuevas Convivir. Además, creará un grupo mixto de escoltas para los desmovilizados, que funcionará dentro de la Unidad Nacional de Protección con policías y personas de confianza de los jefes de las Farc.

Pero, aunque todo ese esquema se mantiene, ahora las Farc no van a participar en la Comisión de Garantías de Seguridad, que además tendrá menos funciones. Así se reduce el miedo del No de que esa institución era un camino para crear una purga de funcionarios de ideología opuesta a las Farc.

Otra cosa nueva es que el director de la Unidad Especial lo elige el Fiscal de una terna que proponen los magistrados del Tribunal de paz de la Jurisdicción Especial de Paz, lo que le da poder a Néstor Humberto Martínez (quien no es visto como rival por el uribismo y la derecha) y debería ayudar a que la Unidad coordine mejor con la Fiscalía.

Además, incluyen la aclaración de que el cuerpo de seguridad que se encarge de escoltar a los miembros de las Farc debe capacitarse y cumplir unos requisitos que va a determinar la UNP. Con eso, se despeja en buena medida otro miedo de los del No, que a través de ese cuerpo las Farc mantengan grupos de guerrilleros armados y sin control.

Números de zonas de concentración


En el acuerdo inicial había 23 zonas y 8 campamentos. En el nuevo son 20 zonas y 7 campamentos, un cambio que en la práctica ya se había dado pero que ahora se protocoliza.

Financiación y difusión para hacer política


En este punto si bien se mantiene el esquema acordado en septiembre, hay varios cambios sustanciales que le quitan fuerza.

Inicialmente estaba que el futuro partido de las Farc iba a recibir, anualmente, y hasta julio de 2022, el 20 por ciento de lo que el Estado se gasta cada año en financiar el funcionamiento de los partidos políticos (y entre 2022 y 2026 el 10 por ciento) de forma fija y sin depender de cómo se reparte a los otros partidos (a los que les llega la plata teniendo en cuenta sus resultados electorales). Eso es más o menos unos 7 mil millones, que es más que lo que recibe cualquier partido hoy.

Ahora el partido de las Farc recibirá una suma igual al promedio de lo que reciben los partidos y movimientos hoy, que es una cifra más cercana los 5 mil millones de pesos, y no más plata.

Eso se debe a que aunque para financiar su centro de pensamiento y planeación política, ya no van a recibir el 5 sino el 7 por ciento de la apropiación presupuestal al año, otro 5 por ciento va a desaparecer. Por eso, recibirán el 17 y no el 20 por ciento hasta 2022.

Tercero, la plata que entre por cooperación internacional para fortalecer su movimiento, no puede usarse para que hagan campaña.

Reincorporación social y económica


En el Acuerdo de Cartagena quedó claro que se le pagará a cada desmovilizado 620 mil pesos más seguridad social por dos años. Que cada uno recibirá 8 millones de pesos como capital semilla para un negocio y que tendrán 2 millones adicionales, 6 meses después de la firma y ya sin armas, para hacer lo que quieran. Eso no cambia con el nuevo acuerdo.

Lo que sí cambia es que ahora deben incluir a los milicianos en la lista de sus integrantes y su cooperativa, Ecomún, debe rendirle informes periódicos al Consejo Nacional de Reincorporación sobre el uso de la plata que reciba del Estado.

En Seguridad Social, se mantiene que Ecomun afiliará a sus miembros a las EPS generales, pero si alguno tiene una enfermedad grave o necesita rehabilitar lesiones debidas a la guerra, habrá un "sistema especial" con plata de aquí y de afuera, para atenderlo en máximo tres años.

Hay otros dos puntos que se agregan y son aislados: uno es que las garantías de seguridad ahora incluyen a quienes participen en la implementación de los acuerdos y otro es que el Gobierno presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento a la justicia de las bandas criminales.

Solución al narcotráfico


En el acuerdo inicial, las Farc se comprometieron a poner fin a cualquier relación "que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)” y a esclarecer la relación entre el conflicto y los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el lavado. Así reconocieron que sí tienen que ver con el narcotráfico y a entregar información que podría ayudar a identificar las rutas, los lavadores y las alianzas entre Fuerza Pública y narcotráfico. Los dientes para que lo hagan dependen de la justicia transicional, que amenaza en teoría a que, si saben y no cuentan, podrían terminar por fuera de las penas especiales y en la cárcel. Lo que cambia con el nuevo acuerdo es que obliga a todos los que se presenten a la Justicia Especial para la Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades, un avance en la lógica del Acuerdo inicial que le da más dientes a la justicia transicional y que los obliga a romper con el narcotráfico so pena de perder sus privilegios.

Programas de sustitución de cultivos


En el acuerdo de Cartagena la aspersión sobrevivió pero como último recurso para erradicar los cultivos y se crearon programas de sustitución concertados con la comunidad. En este nuevo acuerdo se reitera que el Gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, pero aclarando que lo hará "priorizando la erradicación manual donde sea posible". Es decir, hay un cambio simbólico en que la fumigación ya no se presenta como el último recurso, pero sí sigue siendo aplicable solo si no funciona la manual.

Programas de prevención de consumo de drogas


Aunque los programas de prevención al consumo se mantienen igual, ahora los grupos religiosos van a poder participar en ejecución de la política de prevención y atención a los consumidores, pero no se sabe bien de qué manera.

Esquema de justicia transicional


En el Acuerdo firmado en Cartagena las Farc aceptaron someterse a un juicio penal y ser condenados a una pena restrictiva de la libertad, cuando lo que querían era una sanción extrajudicial como ir a la Comisión de la Verdad. También se acordó que esos procesos los realizaría un aparato especial de justicia transicional, conformado por una unidad especial de investigación y un Tribunal con tres salas, compuesto por magistrados colombianos y algunos extranhjeros, que decidirá en doble instancia. Y se estableció que solo serán procesados los responsables de los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto, con penas que dependen de cuánto colabore la persona con el sistemaa.

Si acepta responsabilidad antes de llegr al juicio, cuenta la verdad y cumple las demás obligaciones del sistema, son 2 a 5 años de restricción efectiva de la libertad, tiempo durante el cual harán acciones restaurativas como construir infraestructura en las zonas más afectadas por el conflicto; si acepta durante el juicio y cumple lo demás, 5 8 años; si no lo hace y es condenado, de 12 a 20 años de cárcel.

Aunque ese esquema general se mantiene, cambian varias cosas.

Primero, aunque no convierte todas las sanciones en cárcel como pedían las voces del No, especifica la noción de "restricción de la libertad": el Tribunal para la Paz fijará en dónde deben estar los guerrilleros durante la realización de las acciones restaurativas de la pena (esas zonas nunca serán más grandes que una vereda), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción y el deber de solicitar un permiso para salir de las zonas. Fuera de eso, quedó claro que el tiempo que pasen en las zonas de concentración se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período hagan actividades de reparación y que los tiempos máximos de las sanciones aplican aún si son condenados por varios delitos.

Otro cambio sustancial es que quedó claro que se puede aplicar el Código Penal en las decisiones, algo que tiene una gran carga simbólica porque las Farc se negaban a someterse a esas normas de su antiguo enemigo, dado que no habían sido derrotadas. Ahora lo aceptan, aunque queda claro que se aplicará el principio de favorabilidad en todos los casos.

En cuanto a la Justicia Especial para la Paz, ahora tendrá un límite de tiempo de 10 años, y sólo podrá recibir solicitudes de investigación de personas durante los 2 primeros años, aunque esos plazos serán prorrogables. También se eliminaron los jueces extranjeros, aunque podrán participar en algunos casos en las deliberaciones como amicus curiae que no tendrán voto en las decisiones.

Un cambio que podría parecer menor es que las ONG ya no podrán acusar directamente sino presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal, algo que ayuda a espantar el miedo de algunos sectors del No de que algunas ONG usen el sistema para montar procesos contra ellos. En esa misma línea, quedó claro que los magistrados pueden pedirle a la justicia ordinaria que investigue penalmente a quienes presenten acusaciones falsas y de mala fe.

Y otros dos cambios muestran un interés en armonizar la justicia transicional con la ordinaria, aunque de una forma mucho menos fuerte que la que pedían desde el No. Por una parte, habrá una "sala incidental" para resolver los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la Jurisdicción Especial de Paz, compuesta por tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y tres de la JEP que no estén en el conflicto. El otro es que ahora sí puede haber tutelas contra sus decisiones judiciales, pero le pone límites porque en sus dos instancias la decide la misma JEP y la Corte Constitucional solo puede revisarlas si así lo decide una sala de selección de dos de sus magistrados (como es usual) y dos del Tribunal de Paz, por unanimidad.

Por último, se mantiene la posibilidad de que el narcotráfico sea delito conexo al delito político para efectos de la amnistía, y se aclara que para determinarlo se usará como referencia la jurisprudencia de la Corte Suprema (que ha dicho que puede ser conexo y que en buena medida ya está vertida en el texto de la ley de amnistía que se va a presentar una vez se refrende el acuerdo).}

Medidas para la reparación integral


El marco de la reparación integral para las víctimas incluye, entre otros, actos de reconocimiento de la responsabilidad (como la petición de perdón a las víctimas de Bojayá por las Farc), reparaciones colectivas y rehabilitación psicosocial, además de acompañar los retornos de quienes fueron desplazados. La reparación material a las víctimas se hará por dos lados. Una parte la harán los guerrilleros individualmente (aunque no hay detalles, con acciones como participar en el desminado o en construir obras públicas, y con plata o solo bienes si aceptan que tienen o si el Estado logra demostrarlo), que de forma novedosa es un requisito para que gocen de los beneficios de la justicia transcional.

Lo que cambia con el nuevo acuerdo y que es importante aunque no cambia el esquema, es que mientras estén concentradas, las Farc presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas. Además, aceptan que lo que no presenten será objeto de extinción de dominio. Este cambio no es menor porque aunque un día antes del plebiscito la guerrilla se comprometió a reparar materialmente a sus víctimas, no decían cómo y uno de los grandes sapos para la opinión pública era que no entregaran de su plata para hacerlo.

Derecho a la verdad


En este punto no hay cambios: sigue existiendo una Comisión de Verdad que buscará esclarecer patrones de violencia y los contextos y dinámicas territoriales en que estos se hicieron, y las dos partes se comprometieron “a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”. Para que contar no asuste a los responsables, lo que se diga allí no puede ser usado como prueba en un proceso judicial.

Refrendación


El nuevo texto reconoce que hay que hacer refrendación y plantea varios caminos entre los que decidirán las partes: los mecanismos de participación ciudadana directa, como el plebiscito, la consulta popular o los cabildos abiertos, o el uso de cuerpos colegiados elegidos popularmente, es decir a través de instituciones representativas que ya existen. Ese cambio es muy grande, pues el acuerdo de septiembre se la jugaba por el plebiscito (que fracasó el 2 de octubre), y ahora la decisión está en manos del Gobierno y las Farc.

Verificación internacional


En este punto no cambió nada: la ONU, a través del Consejo de Seguridad y con verificadores de la Celac (que es esencialmente la OEA sin Canadá ni Estados Unidos), la encargada de la verificación internacional del desarme, desmovilización y reintegración de la guerrilla.

Implementación y seguimiento


En este punto hay un cambio muy grande: reducen las funciones de la muy poderosa Comisión de Seguimiento, en la que estaban las Farc y podía tomar decisiones de grueso calado sobre la implementación. Ahora será una nueva Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación en la que ya no están las Farc ni limita las competencias del Gobierno ni del Congreso. Es decir, remueve el miedo del cogobierno de las Farc por esa vía.

El nuevo acuerdo también incluye un preámbulo de principios para la implementación, como el enfoque de derechos, el respeto a la igualdad y la no discriminación, enfoque de género, libertad de cultos, entre otros, y crea una instancia especial conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres que le hagan seguimiento a que mientras se implementa, se esté cumpliendo con el enfoque de género.

Por el lado del dinero, que preocupaba sobre todo a los empresarios, incluye la sostenibilidad fiscal como un criterio para definir los gastos de implementación, alarga algunos tiempos para que se pueda ejecutar sin ponerle tanta presión a los gastos del Estado, y deja claro que vendrá otro acto legislativo.

Por último, en otro punto clave, deja claro que no todo el acuerdo formará parte del bloque de constitucionalidad sino solo los asuntos de Derecho Internacional Humanitarios y derechos humanos, como criterios orientadores para las normas y acciones de implementación del acuerdo. Este ultimo punto era la queja más fuerte de abogados como Jaime Castro y José Gregorio Hernández. Es un cambio muy grande porque los del No alegaban que por la vía del bloque de constitucionalidad las Farc terminaban metiéndose con toda la organización del Estado, los derechos fundamentales y demás temas regulados por la Constitución. Y como la Comisión de Seguimiento interpretaba el Acuerdo, entonces las Farc estaban casi al nivel de la Corte Constitucional. Eso se eliminó.

 
 

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Andres Felipe Garcia Rovira

18 de Noviembre

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Falta el disclosure o advertencia al lector, en este texto no referencia el hubieramos deseado que el 85% de los colombianos(asi como nuestros usuario...+ ver más

Falta el disclosure o advertencia al lector, en este texto no referencia el hubieramos deseado que el 85% de los colombianos(asi como nuestros usuarios) votaran por el SI y posición editorial favorable, se omite el sesgo para decir que se cumplio el yo con yo, como dijo Santos todos los partidos apoyaron la renegociación excepto el unico que apoyo la opción que gano en las urnas.

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